Ciudad de México.— El cerco financiero contra una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa se amplió este martes luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunciara sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas con la organización criminal.
Entre los principales nombres incluidos en la designación aparece Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, a quien el Tesoro estadounidense identifica como líder de la facción de Los Mayos e hijo de Ismael “El Mayo” Zambada. La medida también alcanza a integrantes de su círculo cercano, operadores financieros y otros integrantes de estructuras señaladas por las autoridades estadounidenses.
Otro de los nombres que destaca en la lista es Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Torres es señalado por presuntamente utilizar su influencia política para facilitar y proteger actividades atribuidas a la estructura del Cártel de Sinaloa en Baja California.
En su designación, el gobierno estadounidense sostiene que Torres habría mantenido una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado como uno de los operadores de la organización en Mexicali. El Tesoro también menciona presuntos vínculos financieros y políticos con otros actores identificados dentro de la estructura investigada.
Las sanciones tienen consecuencias principalmente financieras. La designación de OFAC implica el bloqueo de los bienes e intereses en propiedades de Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, además de restricciones para realizar transacciones con los sujetos y entidades incluidos en la medida.
El Departamento del Tesoro presentó la operación como parte de una estrategia para golpear simultáneamente a dirigentes, operadores territoriales, presuntos lavadores de dinero y facilitadores que, según las autoridades estadounidenses, permiten el funcionamiento de las redes del Cártel de Sinaloa.
La respuesta también alcanzó al sistema financiero mexicano. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporará a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos incluidos en la designación estadounidense, como una medida preventiva de carácter administrativo.
Con esta acción, las autoridades mexicanas buscan impedir que recursos relacionados con las personas y empresas señaladas puedan continuar operando dentro del sistema financiero nacional.
La UIF ha precisado en casos similares que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no equivale por sí misma a una sentencia judicial ni determina responsabilidad penal definitiva. Las personas incluidas cuentan además con los mecanismos legales de defensa correspondientes.
La acción coordinada entre Washington y México vuelve a colocar bajo escrutinio las estructuras financieras, empresariales y de influencia que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, estarían relacionadas con el funcionamiento del Cártel de Sinaloa, ampliando el cerco sobre una red que opera en distintos puntos de México y mantiene conexiones transfronterizas.
